jueves, julio 13, 2006

FRENOS & CONTRAPESOS. SUPER-PODERES: ¡QUÉ TIMING!
. LA NACIÓN: "El Senado dio media sanción a los superpoderes"

Justo cuando vuelve a enrarecerse el clima en los mercados financieros internacionales, el Senado argentino aprueba los "super-poderes" al Ejecutivo. En términos del prestigio político de largo plazo de los integrantes del gobierno, esto es EXACTAMENTE lo contrario de lo que deberían estar haciendo a estas alturas del ciclo de la liquidez global.

Los "super-poderes" encarecerán el costo del capital en el país, porque desestabilizarán aún más la propiedad. ¿Quién va a repatriar capital en estas condiciones? La señora Kristina, Primera Dama Y TAMBIÉN líder del Senado [1], afirmó:

No es cierto que vulnera la división de poderes, ni que se alteran los poderes de la República ... [La UCR] es el partido y los dirigentes que dicen que con la reforma afectamos la calidad institucional y rompemos la división de poderes. El principal problema institucional es la falta de calidad de la oposición.

La señora mantuvo este lamentable tono al calificar de "paranoicos" a los miembros de la oposición, y al cuestionar otra vez al periodismo [2].

[1] Ver la excelente nota de Joaquín Morales Solá: "La lógica del caudillo". Morales Solá piensa que los decretos de necesidad y urgencia han convertido al sistema en uni-cameral. Interesante, pero la verdad es que el sistema se convirtió de hecho en uni-cameral desde el instante mismo de la asunción de "K", porque su mujer era también la ... líder del Senado. (Esto, dicho sea de paso, es absolutamente incomprensible en los Estados Unidos: a Hillary Clinton jamás se le hubiera ocurrido presentarse como senadora antes de 2000, fecha en que vencía para siempre el mandato presidencial de Don Bill).

[2] El Frente para la Victoria bonaerense, liderado por un dirigente del "Movimiento Evita" reclama la investigación de los "empresarios periodísticos" (LA NACIÓN: "Diputados oficialistas piden investigar a empresas periodísticas").

1 comentario:

extrangero dijo...

ya se sabe, pero vale la pena leer Julio Ramos en mbito financiero:

http://www.ambitoweb.com/diario/noticia.asp?id=286211&seccion=Política

ayer, en la primera nota, que sin notársele una ambición ni características personales para implantar una dictadura, el presidente Néstor Kirchner está propiciando un exceso de violaciones institucionales y constitucionales que llevarían igual al país a una encrucijada de autoritarismo. Alarma que se puedan perder las formas republicanas o caer en una «dictadura democrática» si, por lo menos, se mantiene la elección por urnas. Decíamos también que todo se haría en pos de una «transformación del país», «la nueva Argentina» que no se percibe bien en qué consiste ni el gobierno lo explicita.

Reparaciones judiciales históricas -imparciales o no-, mejoras sociales de todo tipo, independencia financiera de organismos internacionales, reducción de la deuda pública y otras que continuamente enuncia y encara la conducción oficial no justifican la escalada de reducción de las libertades cívicas y el acumulamiento de tanto poder en el Ejecutivo.

Sobre todo cuando tiene mayoría a su favor en ambas cámaras del Congreso Nacional y un acatamiento sin precedentes en gobernadores, intendentes y cuerpos colegiados. Un gobernador de una provincia de Santa Cruz de 160.000 habitantes -un barrio de la Capital Federal- sin carisma personal especial, no pudo llegar a tanto dominio de un país de 40 millones de habitantes sin dos factores. El primero, una elevada masa de dinero en manos del Presidente, proveniente del sector externo con retenciones. Es un dinero no coparticipable automáticamente con las provincias sino que depende de la discrecionalidad presidencial. Según su uso le quitaría al gobierno provincial o municipal -de cualquier partido- si no se pliega al oficialismo.

El otro factor es que no se sabía de una generación de políticos tan dispuestos a cambiar de bando y de ideas con tal de seguir usufructuando la vida pública. Está el que fue electo y gobierna y que si no se subordina no recibe plata para obras (casos de Salta y Neuquén con cero ayuda nacional) y está el que es genuflexo por simple ambición.

Todo es posible por un contexto internacional favorable a la Argentina. Por la revalorización mundial de las materias primas como no se conocía en el país desde 1880, a partir del salto brusco al consumo de China e India que comenzó en 2002 y está en su apogeo, sin riesgos visibles de que cese.

Que en circunstancias económicas tan favorables el país bordee el abismo donde puede perder sus libertades, es el gran desconcierto del momento, aquí y en el exterior.

Debemos decir que la pérdida de derechos y de los resguardos constitucionales del ciudadano, que tanto acentúa el gobierno Kirchner, no es un caso exclusivamente argentino sino una tendencia en muchos países, inclusive en los más probadamente democráticos, como Estados Unidos. Este retroceso democrático, palpable para las sociedades de esta época, en nuestro país no tiene justificación como en otras naciones: las sorprendidas por el terrorismo en su propio suelo, por caso. Aquí esa acechanza -que la tuvimos desde hace más de una década con muchas víctimas- no motivó desapego de las formas constitucionales y tantos poderes extras al Ejecutivo como hoy en nuestro país por metas del gobierno que no están claras ni pueden ser superiores al pánico por la pérdida masiva de la vida en cualquier lugar por una bomba del extremismo.

En las principales naciones del mundo la democracia y la división de poderes -tal como la concibió el barón de Montesquieu, en El espíritu de las leyes (1748), con un Poder Legislativo, otro Ejecutivo y otro Judicial, autónomos e independientes entre sí- se mantienen en lo formal pero han menguado en la realidad. La libertad se proclama en Estados Unidos igual que hace cien o doscientos años pero nadie, seriamente, afirmaría que es la misma hoy que hace apenas 6 años a partir del atentado terrorista a las Torres Gemelas en pleno Nueva York.

Ya el Patriot Act, aprobado por el Congreso norteamericano en octubre de 2001, terminó con los secretos bancarios de extranjeros y en estos días «The New York Times» informó, con gran enojo del gobierno estadounidense, que hay abierto seguimiento del movimiento del dinero también de ciudadanos norteamericanos comunes, no ya sólo de extranjeros. Se creó el Attorney general para poner bajo custodia y expulsar en 7 días al extranjero considerado «riesgoso para la seguridad nacional» de EE.UU. pero debe acusárselo de algún delito justificatorio. La Military order, del 13 de noviembre de 2001, fue más lejos y dispuso la «indefinite detention» y el proceso por «military commissions», o sea estrados especiales distintos a los tribunales militares en casos de guerra. Se avanzó más en años subsiguientes y se inventó la figura del «detainee» en la base norteamericana de Guantánamo, en Cuba, que se les aplica a unos 600 talibanes musulmanes detenidos preferentemente tras el triunfo en Afganistán. Esta figura del «detainee» en Guantánamo horroriza a Occidente porque se trata de seres vivos inexistentes. No gozan hasta ahora del amparo de la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra, no están imputados por lo cual no tienen proceso, no son acusados ni prisioneros y permanecen separados de la ley, del derecho de defensa y, desde ya, del debido proceso. Recuerda Giorgio Agamben que serían sólo comparables a «los judíos de los Lager, quienes habían perdido, junto con la ciudadanía, toda identidad jurídica, pero mantenían al menos la de ser judíos».

Estos retrocesos de las libertades cívicas los incluyen los analistas en el «Estado de excepción» que podría comenzar históricamente con Napoleón, en diciembre de 1811, con suspensión de derechos para «ciudades atacadas directamente». El origen del «Estado de sitio» estaría en el decreto de julio de 1791 de la Asamblea Constituyente francesa que subordinaba el poder civil al militar en situaciones comprometidas. La Primera Guerra Mundial puso a la casi totalidad de los países beligerantes en «Estado de excepción». El analista Herbert Tingsten limitaba (en 1934) la excepción a que el Ejecutivo reglamentara y en su extremo aboliera una ley del Legislativo, desvío constitucional que modernamente en la Argentina está superado. En 1921 Carl Schmitt con su libro «La dictadura» había mencionado ya la «dictadura constitucional». Friedrich, Rossiter, Walter Benjamin y otros autores han tratado esto de la pérdida de poder del Legislativo frente al Ejecutivo, sobre todo el famoso artículo 48 de la Constitución de Weimar, en Alemania, donde el análisis coincide en que si no se lo hubiera sancionado quizá Hitler jamás habría arribado al poder. No es posible aquí extender las referencias de tantos autores sobre las variantes de alcance y circunstancias que se englobarían en el «Estado de excepción» pero, para el caso argentino actual en análisis, convienen estas dos citas:

Primera: «Cuando el gobierno tiene más poder los ciudadanos tienen menos derechos» (Rossiter, 1948).

Segunda: «Un ejercicio sistemático y regular de los plenos poderes del Ejecutivo conduce necesariamente a la liquidación de la democracia» (Herbert Tingsten, 1934, preanunciando el nazismo).

Vayamos a dos conclusiones que surgen de tantos autores, observando nuestro presente:

Primera: Es casi unánime el pensamiento de los autores citados y otros en referir el «Estado de excepción» a un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo a partir de lo cual se llega también a la hegemonía sobre el Judicial. En el caso argentino alguna forma de remoción en la Corte Suprema y el poder decisorio que se reservó el gobierno en la constitución del Consejo de la Magistratura, sobre todo el primer caso, fue un avance doble simultáneo porque el Legislativo favoreció el accionar sobre el Judicial sin prever que así avanzaba hacia su propio sometimiento.

Segunda: Otra conclusión que se extrae de aquellos analistas es que el «Estado de excepción», con merma de la división de poderes en favor del Ejecutivo, fue históricamente por motivos de guerras contra otros países, de sedición interna, por guerra civil, por catástrofes, por emergencias de variado tipo. En la Argentina -como se repite constantemente e incluíamos en la nota de ayer- no está claro por qué el Ejecutivo absorbe tanto poder si debe aceptarse que pasaron la emergencia económica devenida del estallido de diciembre de 2001 y la enorme devaluación de enero de 2002.

Si hubo necesidad de emergencias por la gravedad de los hechos económicos -es cierto, hubo necesidad-, no se entiende por qué la emergencia baja mientras los poderes anticonstitucionales del gobierno suben. La justificación oficial de que correspondió también a otros presidentes y a algunos ministros no es válida porque la tuvieron pero en otro contexto de país. Uno muy distinto del actual donde, desde 2002, en una suerte histórica realmente espectacular del gobierno Kirchner, se está frente a un país con un beneficio económico externo como no se conocía desde 1870, cuando la creación de los barcos frigoríficos hizo que Europa enloqueciera comprando carnes y agro argentinos. Era tal la apetencia que los mismos barcos traían adoquines -que aún hoy están en calles de Buenos Aires- como balastro para poder retornar con sus bodegas repletas de productos argentinos. Hoy el fenómeno mundial está dado porque 400 millones de los 1.300 habitantes chinos entraron al consumo y sólo 200 de los mil millones que tiene la India. Esto crea una perspectiva de futuro muy buena para la Argentina porque 900 y 800 millones más, en sólo esos dos países, seguirán ingresando al consumo, fenómeno que revalorizó mundialmente las materias primas.

El presidente Kirchner arriesga ir a un autoritarismo extremo -sin tener los rasgos que caracterizan a los dictadores latinoamericanos tipo Hugo Chávez- por sus acciones contra el Legislativo y el Judicial. Lo hace para «transformar el país», meta obsesiva que no se sabe bien qué es. Menos si está asentada en una «economía inclasificable», como define a la actual con certeza el joven economista Lucas Llach. Nadie imagina cómo se van a mantener los precios congelados de productos de gran consumo mientras se incentiva la demanda. Para eso no se necesita reducción de las garantías constitucionales, algo que ahuyenta por temor a la inversión internacional que podría satisfacer precisamente ese crecimiento de demanda. Precios congelados más exacerbación de beneficios laborales no tiene otra salida que ahogar a las empresas que no estén vinculadas a la exportación. No se conoce crecimiento sustentable sin empresas privadas, tras el triste final del comunismo precisamente por no tenerlas. La inflación sería altísima sin los subsidios hoy a tantas actividades y productos.

Es cierto que el sector externo asegura plata de uso discrecional por retenciones a la exportación para seguir subsidiando pero se vuelve a lo mismo: «transformar el país», la «nueva Argentina», para lo cual el gobierno acumula más poderes en desmedro de la institucionalidad y las libertades públicas ¿significará fuerza para subsidios permanentes, congelamientos permanentes, taponamiento permanente de la inflación hoy reprimida?

El sindicalismo en el país es una forma espuria de enriquecerse que debe asentarse en logros continuos laborales, aunque sean irreales, de presunto «progreso» para los trabajadores afiliados para que permitan la continuidad indefinida de los gremialistas en el goce de sus cargos. Pero no cabe creer que el gobierno suponga -aunque aliente tales excesos- que eso es «mejorar la distribución del ingreso». Los «aumentos y los beneficios» para pocos, entre quienes trabajan, se hacen desde casi 75% de los trabajadores y desocupados que no los reciben por desempeñarse en negro, en empresas hoy sin rentabilidad, haber perdido el empleo o ser joven y nunca encontrarlo todavía. No va de «ricos a pobres» la «redistribución» en lo masivo sino hacia quienes tienen empleo en empresas de exportación o de demanda indispensable, tipo alimentario, aportado por la gente de las otras actividades más pobres. Eso no es «redistribuir el ingreso» sino incentivar la exacción de unos trabajadores privilegiados sobre otros en peores condiciones sin que pueda bajar el desempleo salvo por los fondos de subsidio del gobierno pero no con empleos genuinos. Un país que incentiva obra pública para dar trabajo tiene base demasiado simplista. El único subsidio correcto y de desarrollo del país que ha dado el gobierno son los 1.000 millones de pesos para explorar si hay más gas y petróleo, aunque no sea bueno que lo haga desde la burocracia de una nueva empresa pública, ENARSA, que se lo comerá en gran parte en sueldos.

Por sus «metas transformadoras» en busca de más imagen pública para cumplirlas, el presidente Néstor Kirchner canceló créditos con el Fondo Monetario Internacional a 4% anual promedio de interés y ahora se está endeudando con Venezuela mediante títulos que le costarán al país quizá el doble. Aquí se equivocó igual que Lula da Silva al cancelar, también en busca de imagen para su reelección en octubre, porque la baja mundial de la cotización del dólar abarataba los intereses de esos créditos. A su vez, la economía argentina pasó su deuda mayoritariamente a pesos cuando le costaría menos en dólares precisamente porque bajó. Pesificó su deuda cuando lo que sube es la inflación interna -y más subiría si no se puede mantener el rígido «congelamiento» de precios o se suprimieran subsidios- que es por la que ajustan (por CER) los títulos emitidos en pesos con costo financiero grande para el país, más aún si bajara el dólar casi condenado hoy a mantenerse alto por esta encrucijada, aunque afecte el salario real y vuelva a rotar el sinfín porque se reclaman aumentos salariales, éstos afectan empresas, etc., etc. Por lo menos Lula da Silva en Brasil no tiene inflación alta y menos aún reprimida.

No obstante que la economía del gobierno es incoherente, mientras se mantenga el flujo de dinero del exterior puede haber sofocones fuertes pero no colapsos tipo 2001/2002. Las «metas» del gobierno pueden terminar en conjunto de medidas simples de intentos sociales apoyadas en dinero del exterior. Pero no es inofensivo que mientras el Presidente juega políticamente hacia esas «metas», poco entendibles, el sindicalismo se aproveche de que no quiere oír ni hablar, por imagen, de «huelgas generales» (primer mandatario que en décadas no tuvo ninguna en más de 3 años de gestión pero a un costo altísimo para el país). La picardía letal de los sindicalistas está elaborando una telaraña de normas, con resguardo de ley, que definitivamente atarán a la Argentina a no poder alcanzar en años un desarrollo pleno y una cantidad aceptable de puestos de trabajo. Simplemente porque nadie invierte para que le despedacen el capital que aporta con un régimen laboral exagerado, frontalmente opuesto a una nación que necesita crecer.

No termina ahí el drama de perseguir desde el gobierno «metas transformadoras» no claras ni explicitadas sino que también aprovecha la situación, las obsesiones del Presidente y la caída de resguardos constitucionales, un progresismo alocado para tratar de cambiar la esencia del país. Ya lo señalamos en la primer nota: destruir el catolicismo predominante de la sociedad -Horacio Verbitsky ha prometido 3 libros más contra la Iglesia-, destruir las Fuerzas Armadas, menoscabar todos los cuerpos de seguridad, dividir al judaísmo, eliminar los liceos militares, izquierdizar la educación en general y a la prensa libre que subsista, apropiarse de organismos de ayuda a niños pobres -inclusive los privados-, poner los servicios oficiales de seguridad a espiar ciudadanos no doblegados, infiltrar a la verdadera izquierda marxista que puede ganarle las calles, desprestigiar a la oposición política que aparezca, parcializar el setentismo, financiar la izquierdización de la Historia Nacional, penetrar la cultura que no se alinee al progresismo, colocar gente de su sectarismo ideológico en todo organismo estatal, consolidarse en lo personal con fondos públicos, silenciar periodistas de cualquier signo que puedan enojar al gobierno y les afecte su usufructo. Mucho más, peligrosamente más.

Queda entonces la sensación de que «transformar el país», con los planes y medidas en marcha, basados sólo en el alto ingreso del fisco por el buen momento externo, no tiene metas concretas que permitan avizorar la «nueva Argentina» que se pretende, que podría ser sin democracia, con jóvenes educados ideologizados y pérdida de identidad nacional. Menos se justifica entonces avasallar innecesariamente principios constitucionales e independencia de poderes.

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