FRENOS & CONTRAPESOS. Justicia y República

Por Hugo Perini (*)

En LA NACIÓN del 22 de noviembre, Gabriel Sued en un artí­culo titulado "Problemas de fondo en un primer plano", al referirse a las "bondades" del Consejo de la Magistratura, un órgano ajeno a nuestro ordenamiento constitucional originado en 1853 e incorporado en nuestra Carta Magna luego de la malhadada reforma de 1994, que tantas tribulaciones institucionales nos ha ocasionado desde entonces, sostiene que:

"El cuerpo logró avances en sus dos principales facultades, la selección y la acusación de magistrados. Un dato refleja la mejora: mientras que durante los 138 años que la destitución de los jueces dependió del Congreso, solo se registraron 29 acusaciones, desde 1998 fueron 24 los magistrados acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento".

Siempre que leo datos estadí­sticos que avalan una tesis, no puedo dejar de olvidar el comentario tal vez algo cínico que nos formulaba Paul Samuelson, Premio Nobel de Economí­a, desde su Curso de Economía Moderna: "Las estadísticas, como la Biblia, sirven para probar cualquier cosa".

En primer lugar, cabría señalar a lo sostenido por el Sr. Suez, que durante los 138 años mencionados, el Congreso, especialmente a partir de 1930, estuvo varias veces sin funcionar. En segundo lugar, uno podría formularse la siguiente conclusión opuesta a la del señor Suez: en realidad durante los 138 años fueron pocos, comparativamente hablando, los magistrados acusados ante el Senado debido a que fueron seleccionados buenos jueces para la augusta función de "dar a cada uno lo que le corresponde".

En efecto, solo recientemente y especialmente durante la presidencia del señor Menem, se incurrió en infelices designaciones de magistrados que llevaron a su Ministro de Justicia, el Sr. Arslanian a renunciar, calificando a muchas designaciones como esperpénticas. Verdad no le faltaba al señor Arslanian, considerando que en solo 8 años fueron acusados 24 magistrados, frente a los 29 acusados en 139 años.

¿Por qué cambiamos entonces un sistema republicano de designación de jueces similar al norteamericano, donde funciona muy bien, y que por lo señalado también lo hizo entre nosotros durante nada menos que 138 años por otro de índole corporativo y reñido con nuestra tradición constitucional?

La respuesta es muy simple: porque especialmente a partir de 1990 un Senado complaciente renunció a sus facultades constitucionales propias y aprobó a "libro cerrado" las designaciones de jueces enviadas por el Poder Ejecutivo que en muchos casos carecí­an de la idoneidad ética y profesional para el desempeño de su elevada función, como lo señalara adecuadamente el señor Arslanian.

En suma, y como decí­a Shakespeare en Julio César: "La culpa mi querido Bruto, no es de nuestra estrella, sino solo nuestra".

(*) Otras contribuciones del autor: "Federalismo" (10 de noviembre 2006) y "Demora en cubrir las vacantes de la Corte Suprema" (28 de agosto de 2006).